Por otra parte, el sector urbano se benefició también de la protección ofrecida por estas asambleas al comercio y a los mercaderes. El mundo del comercio era una pieza importante dentro del engranaje económico del desarrollo urbano, a la vez que aportaba beneficios nada despreciables al clero de las ciudades episcopales, que tenían el control de los mercados (por los impuestos) y de la circulación monetaria (por el derecho de acuñación).
Desde mediados del siglo XI, el conde de Barcelona Ramon Berenguer I (1035-1076) desarrolló una política de restablecimiento de la autoridad basada en el aprovechamiento del potencial económico procedente de los recursos de dominio público que le restaban, de las contribuciones de la comunidad urbana barcelonesa y en el oro de las parias.
Con el oro de las parias, Ramon Berenguer I aseguraba la paz a las taifas fronterizas de Lleida y Tortosa, a la vez que veía multiplicar sus ingresos. Por otro lado, esta nueva orientación y la reanudación de la lucha contra las taifas más lejanas, como la de Zaragoza, abría un camino de posibilidades a la nobleza guerrera, ávida de honores, al fomentar su participación en campañas de conquista de nuevas tierras en el interior peninsular, o al ofrecerle la posibilidad de luchar a sueldo en los ejércitos de las taifas.
Alejado el peligro de la nobleza sediciosa, los condes de Barcelona llegaron a un compromiso con los viejos linajes de condes, vizcondes y veguers que habían ido imponiendo su preeminencia sobre todas las familias catalanas. El compromiso tuvo dos vertientes: en el aspecto socioeconómico, Ramon Berenguer I aceptó como un hecho las usurpaciones de bienes y derechos públicos y la sumisión del campesinado a la nobleza; y en el aspecto político exigió que todos los magnates lo reconocieran como amo natural y señor eminente de todos los castillos.
Así, a mediados del siglo XI, la "Casa de Barcelona" empezó a concentrar el poder soberano de Catalunya y a dirigir en provecho propio la unificación política. Los nobles rebeldes fueron multados y la aristocracia juró fidelidad al conde, el cual dejaba el campesinado al libre arbitraje de la nobleza a cambio de convertirse en el princeps de una nueva sociedad organizada piramidalmente, la sociedad feudal. A la vez, la justicia se convirtió en una herramienta al servicio de los intereses de dominación social del nuevo estamento que se imponía, el militar. A manos de este sector, la justicia fue utilizada para expropiar el campesinado y las sentencias judiciales emanadas de tribunales señoriales consistían a menudo en la imposición de multas, que se convirtieron en una fuente formidable de ingresos para los señores.
La regresión de los tribunales públicos, presididos por el conde y sus jueces, en favor de la justicia privada o feudal condujo a una resolución de conflictos en dos instancias: una justicia inferior ejercida por el señor en su castellanía, con poder de juzgar a los labradores sometidos al régimen señorial; y otra justicia, de cariz superior, ejercida por asambleas de barones para resolver los pleitos entre hombres del mismo estamento, es decir, entre nobles.
Desde mediados del siglo XI, el conde de Barcelona Ramon Berenguer I (1035-1076) desarrolló una política de restablecimiento de la autoridad basada en el aprovechamiento del potencial económico procedente de los recursos de dominio público que le restaban, de las contribuciones de la comunidad urbana barcelonesa y en el oro de las parias.
Con el oro de las parias, Ramon Berenguer I aseguraba la paz a las taifas fronterizas de Lleida y Tortosa, a la vez que veía multiplicar sus ingresos. Por otro lado, esta nueva orientación y la reanudación de la lucha contra las taifas más lejanas, como la de Zaragoza, abría un camino de posibilidades a la nobleza guerrera, ávida de honores, al fomentar su participación en campañas de conquista de nuevas tierras en el interior peninsular, o al ofrecerle la posibilidad de luchar a sueldo en los ejércitos de las taifas.
Alejado el peligro de la nobleza sediciosa, los condes de Barcelona llegaron a un compromiso con los viejos linajes de condes, vizcondes y veguers que habían ido imponiendo su preeminencia sobre todas las familias catalanas. El compromiso tuvo dos vertientes: en el aspecto socioeconómico, Ramon Berenguer I aceptó como un hecho las usurpaciones de bienes y derechos públicos y la sumisión del campesinado a la nobleza; y en el aspecto político exigió que todos los magnates lo reconocieran como amo natural y señor eminente de todos los castillos.
Así, a mediados del siglo XI, la "Casa de Barcelona" empezó a concentrar el poder soberano de Catalunya y a dirigir en provecho propio la unificación política. Los nobles rebeldes fueron multados y la aristocracia juró fidelidad al conde, el cual dejaba el campesinado al libre arbitraje de la nobleza a cambio de convertirse en el princeps de una nueva sociedad organizada piramidalmente, la sociedad feudal. A la vez, la justicia se convirtió en una herramienta al servicio de los intereses de dominación social del nuevo estamento que se imponía, el militar. A manos de este sector, la justicia fue utilizada para expropiar el campesinado y las sentencias judiciales emanadas de tribunales señoriales consistían a menudo en la imposición de multas, que se convirtieron en una fuente formidable de ingresos para los señores.
La regresión de los tribunales públicos, presididos por el conde y sus jueces, en favor de la justicia privada o feudal condujo a una resolución de conflictos en dos instancias: una justicia inferior ejercida por el señor en su castellanía, con poder de juzgar a los labradores sometidos al régimen señorial; y otra justicia, de cariz superior, ejercida por asambleas de barones para resolver los pleitos entre hombres del mismo estamento, es decir, entre nobles.
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