Tras su toma de posesión, y a diferencia del gobierno saliente, creó un gobierno de concentración republicana, en el que participaban consejeros no sólo de su partido, de la Unió Socialista de Catalunya o de Acció Catalana Republicana, sino también del Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, el partido creado por los disidentes de L'Opinió. De los siete consejeros de que constaba su gobierno solo tres ocupaban el mismo puesto en el gobierno presidido por Macià. Durante todo su mandato como presidente, Companys presidiría gobiernos de amplia base política.
Una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo gobierno fue la Ley de Contratos de Cultivo, que pretendía sustituir los "contratos de rabassa morta" por otros más favorables para los arrendatarios de viñedos, de forma que los rabassaires pudiesen acceder a la propiedad de la tierra que cultivaban según unas condiciones menos restrictivas que las existentes entonces (los arrendatarios podrían comprar la tierra que trabajaban tras un periodo de cultivo ininterrumpido de quince años; también se estipulaba que los contratos de arrendamiento tuvieran una duración de seis años). Se trataba de la primera ley importante de carácter socioeconómico promovida por la Generalitat de Catalunya y fue aprobada por el Parlament de Catalunya, por unanimidad (la Lliga se había retirado del Parlamento tras las elecciones municipales catalanas celebradas en enero), el 21 de marzo de 1934. Entró en vigor el 11 de abril. Sin embargo, la nueva legislación contó con la oposición frontal de los propietarios, agrupados en el Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidre, y de la Lliga Catalana, la cual pidió y apoyó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la República, presidido por el radical Ricardo Samper ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el 4 de mayo. La argumentación del ejecutivo central era que la competencia sobre obligaciones contractuales la reservaba el artículo 15 de la Constitución de 1931 al Estado, en tanto que la Generalitat aducía que en virtud del artículo 12 del Estatuto, le correspondía la legislación en materia de política social agraria. El 10 de junio de 1934, el tribunal declaró, por 13 votos a 10, que el Parlament de Catalunya no tenía competencias sobre el tema y anuló por tanto la ley, lo que se tradujo inmediatamente en protestas callejeras en Barcelona y diversos puntos de Cataluña. Ante este hecho, interpretado por Esquerra como una agresión al autogobierno catalán, sus diputados, juntos con los de la Unió Socialista de Catalunya, se retiraron de las Cortes españolas. Por su parte, dos días después de la sentencia, el gobierno catalán hizo aprobar en el Parlamento un texto idéntico al declarado anticonstitucional, especificando además su carácter retroactivo respecto a la fecha inicial de entrada en vigor. Por su parte, las fuerzas de la izquierda republicana española, apoyaban las reivindicaciones catalanas. Así, durante el debate sobre la Ley de Contratos de Cultivo en las Cortes españolas, el 21 de junio, Azaña afirmaba que "el poder autónomo de Catalunya es el último poder republicano que queda en pie en España".
Poco después de producía una reorganización del gobierno catalán. El 28 de junio, Josep Dencàs se hacía cargo de la cartera de Gobernación, sustituyendo a Joan Selves i Carner, que había muerto inesperadamente. Militante de ERC, Dencàs era el fundador y líder de las Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), las cuales formaban el ala independentista de Esquerra. Las JEREC se oponían frontalmente al anarcosindicalismo, porque consideraban que los conflictos sindicales desviaban la atención de los obreros de la lucha verdaderamente importante, la "nacional". Para ello, contaban con una fuerza de choque, los escamots. Tras su nombramiento, Dencàs nombró a Miquel Badia, amigo y colaborador en las JEREC, como responsable de Orden Público. El tándem Dencàs-Badia adoptó métodos expeditivos contra las organizaciones sindicales, lo que sería muy criticado. Un aspecto no esclarecido sobre los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona fue la razón por la cual el presidente Lluis Companys encargó la cartera de Gobernación a alguien tan alejado ideológicamente, al cual incluso desde dentro del gobierno catalán se había calificado de fascista, y en unos momentos de máxima tensión social. El historiador Jordi Rabassa apunta dos posibles razones. Una sería que Companys necesitaba aplicar una política más contundente en el ámbito del orden público y no quería aparecer como el responsable de ello, para lo que necesitaría a Dencàs como chivo expiatorio. Otra sería que, en caso de fracasar, Companys podría deshacerse los independentistas de Estat Català, el grupo más fuerte opuesto a su política dentro de su partido.75 El propio Dencàs afirmaría que Companys le había nombrado consejero de Gobernación para preparar una revuelta independentista. Durante los meses siguientes, Dencàs amenazaría varias veces con dimitir, al no haber recibido el visto bueno del gobierno catalán para desencadenar la intentona independentista, el cual tampoco había autorizado la compra de armas en Europa para preparar la rebelión
Una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo gobierno fue la Ley de Contratos de Cultivo, que pretendía sustituir los "contratos de rabassa morta" por otros más favorables para los arrendatarios de viñedos, de forma que los rabassaires pudiesen acceder a la propiedad de la tierra que cultivaban según unas condiciones menos restrictivas que las existentes entonces (los arrendatarios podrían comprar la tierra que trabajaban tras un periodo de cultivo ininterrumpido de quince años; también se estipulaba que los contratos de arrendamiento tuvieran una duración de seis años). Se trataba de la primera ley importante de carácter socioeconómico promovida por la Generalitat de Catalunya y fue aprobada por el Parlament de Catalunya, por unanimidad (la Lliga se había retirado del Parlamento tras las elecciones municipales catalanas celebradas en enero), el 21 de marzo de 1934. Entró en vigor el 11 de abril. Sin embargo, la nueva legislación contó con la oposición frontal de los propietarios, agrupados en el Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidre, y de la Lliga Catalana, la cual pidió y apoyó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la República, presidido por el radical Ricardo Samper ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el 4 de mayo. La argumentación del ejecutivo central era que la competencia sobre obligaciones contractuales la reservaba el artículo 15 de la Constitución de 1931 al Estado, en tanto que la Generalitat aducía que en virtud del artículo 12 del Estatuto, le correspondía la legislación en materia de política social agraria. El 10 de junio de 1934, el tribunal declaró, por 13 votos a 10, que el Parlament de Catalunya no tenía competencias sobre el tema y anuló por tanto la ley, lo que se tradujo inmediatamente en protestas callejeras en Barcelona y diversos puntos de Cataluña. Ante este hecho, interpretado por Esquerra como una agresión al autogobierno catalán, sus diputados, juntos con los de la Unió Socialista de Catalunya, se retiraron de las Cortes españolas. Por su parte, dos días después de la sentencia, el gobierno catalán hizo aprobar en el Parlamento un texto idéntico al declarado anticonstitucional, especificando además su carácter retroactivo respecto a la fecha inicial de entrada en vigor. Por su parte, las fuerzas de la izquierda republicana española, apoyaban las reivindicaciones catalanas. Así, durante el debate sobre la Ley de Contratos de Cultivo en las Cortes españolas, el 21 de junio, Azaña afirmaba que "el poder autónomo de Catalunya es el último poder republicano que queda en pie en España".
Poco después de producía una reorganización del gobierno catalán. El 28 de junio, Josep Dencàs se hacía cargo de la cartera de Gobernación, sustituyendo a Joan Selves i Carner, que había muerto inesperadamente. Militante de ERC, Dencàs era el fundador y líder de las Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC), las cuales formaban el ala independentista de Esquerra. Las JEREC se oponían frontalmente al anarcosindicalismo, porque consideraban que los conflictos sindicales desviaban la atención de los obreros de la lucha verdaderamente importante, la "nacional". Para ello, contaban con una fuerza de choque, los escamots. Tras su nombramiento, Dencàs nombró a Miquel Badia, amigo y colaborador en las JEREC, como responsable de Orden Público. El tándem Dencàs-Badia adoptó métodos expeditivos contra las organizaciones sindicales, lo que sería muy criticado. Un aspecto no esclarecido sobre los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona fue la razón por la cual el presidente Lluis Companys encargó la cartera de Gobernación a alguien tan alejado ideológicamente, al cual incluso desde dentro del gobierno catalán se había calificado de fascista, y en unos momentos de máxima tensión social. El historiador Jordi Rabassa apunta dos posibles razones. Una sería que Companys necesitaba aplicar una política más contundente en el ámbito del orden público y no quería aparecer como el responsable de ello, para lo que necesitaría a Dencàs como chivo expiatorio. Otra sería que, en caso de fracasar, Companys podría deshacerse los independentistas de Estat Català, el grupo más fuerte opuesto a su política dentro de su partido.75 El propio Dencàs afirmaría que Companys le había nombrado consejero de Gobernación para preparar una revuelta independentista. Durante los meses siguientes, Dencàs amenazaría varias veces con dimitir, al no haber recibido el visto bueno del gobierno catalán para desencadenar la intentona independentista, el cual tampoco había autorizado la compra de armas en Europa para preparar la rebelión
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