Tanto al padre como a los hijos se los vincula con diferentes casos de corrupción y con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales. A partir de 2012 algunos medios de comunicación empezaron a publicar datos que apuntaban a la existencia de cuentas en Suiza con dinero irregular. A raíz de estas primeras informaciones, el banco suizo Lombard Odier certificó que dichas cuentas no existían, y el Ministerio del Interior aseguró que no reconocía el informe como oficial y que desconocía su autoría. También, en enero de 2013, Jordi Pujol afirmó en una entrevista televisiva no tener cuentas en Suiza. Existen acusaciones de que el patrimonio de la familia ha aumentado exponencialmente durante las últimas décadas, con intereses inmobiliarios en diferentes países, especialmente en Latinoamérica, pero no han sido demostradas. Es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y también de Oleguer, el menor de los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola.
La repercusión de estos hechos, sobre el llamado proceso de independencia de Catalunya, fomentado por el bloque nacionalista "Junts pel Si" y la CUP, es importantísima, porque produce una gran desautorización moral de muchos de los promotores de dicho "Process", vinculados durante muchos años y muchas formas con la familia Pujol-Ferrusola.
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años "un dinero ubicado en el extranjero", según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el "momento adecuado" para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política.
Como reacción, el 28 de julio el sindicato "Manos Limpias" (hoy en dia encausado en otros delitos, entre ellos el de "chantaje" para no llevar al juzgado a ciertos corruptos) denunció a Jordi Pujol i Soley y a su esposa ante los juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. La denuncia recayó en el juzgado 31 de Barcelona, donde la juez titular acordó abrir diligencias y notificar su decisión a la Fiscalía. Al día siguiente, 29 de julio, el presidente Mas, tras una reunión mantenida con Pujol i Soley, anunció que este renunciaba al sueldo y a la oficina que tenía asignados como expresidente, así como al título honorífico de presidente fundador de CDC. Posteriormente, el consejero de la Presidencia Francesc Homs aclaró que esto incluía renunciar al trato honorífico de Molt Honorable Senyor y a la medalla de oro de la Generalidad. A fecha de 4 de noviembre de 2015, la trama investigada sobre la corrupción de la familia Pujol, se ha ampliado notablemente, incluyendo a numerosos paraísos fiscales en todo el mundo, el proceso judicial es mucho más amplio y la repercusión mediática enorme que ha despertado este caso
La repercusión de estos hechos, sobre el llamado proceso de independencia de Catalunya, fomentado por el bloque nacionalista "Junts pel Si" y la CUP, es importantísima, porque produce una gran desautorización moral de muchos de los promotores de dicho "Process", vinculados durante muchos años y muchas formas con la familia Pujol-Ferrusola.
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años "un dinero ubicado en el extranjero", según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el "momento adecuado" para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política.
Como reacción, el 28 de julio el sindicato "Manos Limpias" (hoy en dia encausado en otros delitos, entre ellos el de "chantaje" para no llevar al juzgado a ciertos corruptos) denunció a Jordi Pujol i Soley y a su esposa ante los juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. La denuncia recayó en el juzgado 31 de Barcelona, donde la juez titular acordó abrir diligencias y notificar su decisión a la Fiscalía. Al día siguiente, 29 de julio, el presidente Mas, tras una reunión mantenida con Pujol i Soley, anunció que este renunciaba al sueldo y a la oficina que tenía asignados como expresidente, así como al título honorífico de presidente fundador de CDC. Posteriormente, el consejero de la Presidencia Francesc Homs aclaró que esto incluía renunciar al trato honorífico de Molt Honorable Senyor y a la medalla de oro de la Generalidad. A fecha de 4 de noviembre de 2015, la trama investigada sobre la corrupción de la familia Pujol, se ha ampliado notablemente, incluyendo a numerosos paraísos fiscales en todo el mundo, el proceso judicial es mucho más amplio y la repercusión mediática enorme que ha despertado este caso
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