Tras la intervención militar dirigida por el comandante en jefe de la IV División Orgánica, el general Batet, Companys fue detenido junto con el gobierno catalán en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, que fue requisado para ser utilizado como prisión. Companys y sus consejeros permanecieron recluidos en el Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, cuando fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Las consecuencias para la autonomía catalana fueron desastrosas. El 7 de octubre, con el país aún bajo el estado de guerra, el general Batet designó al coronel de Intendencia Francisco Jiménez Arenas presidente accidental de la Generalitat. El 2 de enero, las Cortes aprobaban una ley por la que se suspendía el estatuto de autonomía, nombrándose a un Gobernador General de Catalunya que asumía las funciones del presidente de la Generalitat y de su consejo ejecutivo. En noviembre, Amadeu Hurtado, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya había tratado de buscar una solución que salvase el autogobierno catalán del procesamiento de sus dirigentes, proponiendo que la presidencia de la Generalitat, en ausencia de su presidente, y del presidente del parlamento, fuese ocupada por el vicepresidente, Antonio Martínez Domingo, de la Lliga. Sin embargo, Companys desautorizó cualquier posible arreglo, impidiendo cualquier colaboración por parte de Esquerra Republicana.
Companys y sus consejeros fueron juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladado al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena. A pesar de ello, fue candidato del Front d'Esquerres en las elecciones de febrero de 1936 por la circunscripción de Barcelona-ciudad, resultando elegido diputado. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones celebradas el 16 de febrero, no tardó en llegar la amnistía. Tras la dimisión de Portela, Azaña formó gobierno el 19 de febrero. Ante los continuos tumultos y manifestaciones exigiendo que los presos de octubre fuesen liberados, el presidente del Consejo propuso a la Diputación Permanente de las Cortes un decreto de amnistía. El 21 resultaba aprobado el decreto-ley y se dieron las instrucciones para que se produjese urgentemente la liberación de presos. Esa noche, Companys y sus compañeros del penal del Puerto de Santa María, Comorera y Lluhí, fueron liberados y trasladados hacia Madrid, pasando por Córdoba, donde pernoctaron. Al día siguiente, se reunieron en Ocaña con los otros cuatro consejeros, que venían de Cartagena y con todo el grupo de amigos y familiares que se había desplazado desde Barcelona para recibirlos. Esa noche llegaron a Madrid
Liberado en 1936 tras la victoria del Frente Popular, en previsión de un posible golpe militar nombró al capitán Frederic Escofet como Comisario General de Orden Público de Catalunya.
Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio y la toma virtual del poder en Catalunya por las milicias anarquistas, el presidente Companys hizo lo que pudo para limitar el efecto de la violencia desatada en la retaguardia republicana, que acabó con varios miles de personas. El 11 de septiembre de 1936, La Vanguardia recogía unas declaraciones suyas con los titulares "el Presidente condena los actos de terrorismo" y "hay que terminar con los actos que se cometen al margen de la Justicia". Pero no solo se trató de declaraciones públicas, enmarcadas en la pugna del gobierno de la Generalitat con el Comité Central de Milicias Antifascistas: Companys fue una pieza fundamental, dado el cargo que ocupaba, en una tarea que involucró a muchas más personas, y cuyos rostros más visibles fueron los consejeros Ventura Gassol y Josep Maria Espanya, el presidente del Parlament de Catalunya, Joan Casanovas, y el rector de la Universidad de Barcelona, Pedro Bosch Gimpera. En conjunto, salieron de los puertos catalanes 9206 personas (incluyendo entre ellos al cardenal y arzobispo de Tarragona Vidal y Barraquer, capturado por milicianos de la FAI y salvado in extremis de ser asesinado) hacia Marsella y Génova, la mitad de ellos durante 1936, utilizando pasaportes, visados y salvoconductos, muchas veces falsos, expedidos por la Generalitat de Catalunya. En su calidad de presidente, Companys firmó con el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja un convenio que preveía que cualquier persona pudiese abandonar la zona de España en la que se encontrase, el cual no fructificó al negarse las autoridades franquistas a firmarlo también
Las consecuencias para la autonomía catalana fueron desastrosas. El 7 de octubre, con el país aún bajo el estado de guerra, el general Batet designó al coronel de Intendencia Francisco Jiménez Arenas presidente accidental de la Generalitat. El 2 de enero, las Cortes aprobaban una ley por la que se suspendía el estatuto de autonomía, nombrándose a un Gobernador General de Catalunya que asumía las funciones del presidente de la Generalitat y de su consejo ejecutivo. En noviembre, Amadeu Hurtado, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya había tratado de buscar una solución que salvase el autogobierno catalán del procesamiento de sus dirigentes, proponiendo que la presidencia de la Generalitat, en ausencia de su presidente, y del presidente del parlamento, fuese ocupada por el vicepresidente, Antonio Martínez Domingo, de la Lliga. Sin embargo, Companys desautorizó cualquier posible arreglo, impidiendo cualquier colaboración por parte de Esquerra Republicana.
Companys y sus consejeros fueron juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladado al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena. A pesar de ello, fue candidato del Front d'Esquerres en las elecciones de febrero de 1936 por la circunscripción de Barcelona-ciudad, resultando elegido diputado. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones celebradas el 16 de febrero, no tardó en llegar la amnistía. Tras la dimisión de Portela, Azaña formó gobierno el 19 de febrero. Ante los continuos tumultos y manifestaciones exigiendo que los presos de octubre fuesen liberados, el presidente del Consejo propuso a la Diputación Permanente de las Cortes un decreto de amnistía. El 21 resultaba aprobado el decreto-ley y se dieron las instrucciones para que se produjese urgentemente la liberación de presos. Esa noche, Companys y sus compañeros del penal del Puerto de Santa María, Comorera y Lluhí, fueron liberados y trasladados hacia Madrid, pasando por Córdoba, donde pernoctaron. Al día siguiente, se reunieron en Ocaña con los otros cuatro consejeros, que venían de Cartagena y con todo el grupo de amigos y familiares que se había desplazado desde Barcelona para recibirlos. Esa noche llegaron a Madrid
Liberado en 1936 tras la victoria del Frente Popular, en previsión de un posible golpe militar nombró al capitán Frederic Escofet como Comisario General de Orden Público de Catalunya.
Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio y la toma virtual del poder en Catalunya por las milicias anarquistas, el presidente Companys hizo lo que pudo para limitar el efecto de la violencia desatada en la retaguardia republicana, que acabó con varios miles de personas. El 11 de septiembre de 1936, La Vanguardia recogía unas declaraciones suyas con los titulares "el Presidente condena los actos de terrorismo" y "hay que terminar con los actos que se cometen al margen de la Justicia". Pero no solo se trató de declaraciones públicas, enmarcadas en la pugna del gobierno de la Generalitat con el Comité Central de Milicias Antifascistas: Companys fue una pieza fundamental, dado el cargo que ocupaba, en una tarea que involucró a muchas más personas, y cuyos rostros más visibles fueron los consejeros Ventura Gassol y Josep Maria Espanya, el presidente del Parlament de Catalunya, Joan Casanovas, y el rector de la Universidad de Barcelona, Pedro Bosch Gimpera. En conjunto, salieron de los puertos catalanes 9206 personas (incluyendo entre ellos al cardenal y arzobispo de Tarragona Vidal y Barraquer, capturado por milicianos de la FAI y salvado in extremis de ser asesinado) hacia Marsella y Génova, la mitad de ellos durante 1936, utilizando pasaportes, visados y salvoconductos, muchas veces falsos, expedidos por la Generalitat de Catalunya. En su calidad de presidente, Companys firmó con el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja un convenio que preveía que cualquier persona pudiese abandonar la zona de España en la que se encontrase, el cual no fructificó al negarse las autoridades franquistas a firmarlo también
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