viernes, 13 de mayo de 2016

Presidents de La Generalitat (Lluis Compayns i Jover [XI])

El conflicto entre los gobiernos central y autónomo siguió durante el verano. El 26 de junio, el gobierno de Samper anunciaba que declaraba la nueva ley catalana nula y sin efecto, al tratarse de la misma ley que había sido declarada anticonstitucional y que estaba considerando legislar por decreto en relación con los conflictos de competencias entre los gobiernos estatal y autónomo. Ante la oposición parlamentaria, el gobierno Samper renunció a sus pretensiones de legislar por decreto, sometiéndose a un voto de confianza el 4 de julio con el objeto de resolver el conflicto de acuerdo a la Constitución y l'Estatut. El 10 de julio, la Generalitat aprobaba varios decretos para aplicar la ley objeto de la polémica pero, al mismo tiempo, ambos gobiernos buscaban un acuerdo que pusiera fin al conflicto. No ayudaba a la resolución el hecho de que, a diferencia de Macià, Companys no tenía las mismas relaciones personales con Alcalá Zamora. Durante el mes de julio, el consejero de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Joan Lluhí, se reunía con Samper, en tanto que el ejecutivo catalán declaraba oficialmente que era su intención hacer que la legislación sobre contratos de cultivo se ajustase a las "leyes básicas" de la IIª República. Mientras tanto, seguía el proceso de traspaso de competencias a la Generalitat de Catalunya. El 13 de septiembre, la Generalitat publicó unos nuevos decretos que modificaban los iniciales siguiendo lo requerido por el gobierno estatal. A pesar de otros desencuentros entre ambas administraciones (que produjeron incluso una nueva denuncia del ejecutivo Samper contra el catalán por injurias y desacato a cuenta de unas declaraciones de Companys contra una ley que regulaba la jurisdicción de la Generalitat sobre el personal de la administración de justicia, se llegó a un acuerdo el 21 de septiembre, pero este acuerdo no fue aceptado por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de forma que cuando Samper presentó el acuerdo, declarando que las modificaciones introducidas eliminaban la anticonstitucionalidad de la ley original, Gil-Robles, líder de la CEDA, anunció que retiraban su apoyo al gobierno, por lo que este dimitió. Tres días después se anunció la creación de un nuevo gobierno, bajo la presidencia de Alejandro Lerroux y la presencia de tres ministros de la CEDA. Los partidos republicanos (salvo el radical) expresaron inmediatamente su rechazo a dicha fórmula.
Tras la entrada en el gobierno de la República de tres ministros de la CEDA y al desatarse la huelga revolucionaria convocada por los socialistas en octubre en diversos puntos del país, el 6 de octubre de 1934 Companys, tras acusar al nuevo gobierno español de "monarquizante" y "fascista", proclamó el "Estado Catalán" dentro de la República Federal Española, invitando a los republicanos de izquierda de toda España a establecer un gobierno provisional de la República en Barcelona. Según declararía Companys durante su posterior juicio, el 5 de julio Joan Lluhí le habría pedido en nombre del ejecutivo catalán a Azaña, que se encontraba en Barcelona tras asistir al entierro de su antiguo colaborador Jaume Carner, que encabezase un gobierno provisional de la República en la capital catalana, pero este no habría aceptado.
Companys contaba con el apoyo de las fuerzas catalanistas de izquierda y con los partidos y organizaciones obreras, agrupados en la Alianza Obrera. Con la importante salvedad de la CNT que se había negado a secundar la huelga.
Este hecho es uno de los más controvertidos de la Segunda República y especialmente de los protagonizados por Companys. Existen innumerables interpretaciones del hecho. Stanley G. Payne, en La primera democracia española (1995), afirma que "Companys era un hombre básicamente sensato que llevaba meses sometido a presiones extremas de los catalanistas radicales". Pere Anguera, en La España de los nacionalismos y las autonomías (2003) señala a la radicalización social del independentismo y a la catalanista de los partidos marxistas, en un clima de crisis política entre los gobiernos de distinto signo en Madrid y Barcelona. En este contexto, Companys habría tratado de frenar una revolución social, desencadenando un movimiento político a cuyo frente se situaba, con el propósito de desactivar la revuelta social. También habría pretendido no perder el control de la Unió de Rabassaires y habría influido los posicionamientos crecientemente radicales y catalanistas de independentistas y partidos obreros. Josep Sánchez Cervelló, en el capítulo dedicado a Companys en En el combate por la Historia (2012), interpreta que con el desencadenante formal de la entrada de la CEDA en el ejecutivo, fueron las tensiones dentro de su gobierno entre los partidarios de mantener una alianza estrecha con las fuerzas de la izquierda republicana del resto de España (postura defendida por Joan Lluhí, consejero de Justicia), los independentistas (con Josep Dencàs, consejero de Gobernación, a la cabeza), y los que fundamentalmente promovían una revolución socialista (Joan Comorera, líder de la USC y consejero de Economía y Agricultura), los que llevaron a Companys a la radicalización y a la proclamación del 6 de octubre, con la que pretendía asumir un perfil catalanista del que según sus críticos habría carecido hasta entonces

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