jueves, 5 de mayo de 2016

Leyendas en Catalunya (La Mancomunitat de Catalunya [II])

En 1911 Enric Prat de la Riba, presidente de la Diputación Provincial de Barcelona desde 1907 y uno de los dos líderes de la Lliga Regionalista junto con Francesc Cambó, decidió impulsar una vieja reivindicación catalanista, que aparecía también en el programa de la coalición Solidaritat Catalana que ganó las elecciones generales de 1907 en Catalunya: aglutinar las cuatro diputaciones catalanas en un único ente regional. El 16 de octubre los cuatro organismos provinciales aprobaron conjuntamente las Bases de Mancomunidad Catalana que preveía la formación de una asamblea formada por todos los diputados provinciales y de un consejo permanente de ocho miembros (¿vuitenas?), dos por provincia. Mes y medio después el proyecto de Bases fue entregado al presidente del gobierno José Canalejas y lo presentó el 1 de mayo de 1912 a las Cortes como proyecto de Ley de Mancomunidades.1 Sin embargo, un sector de su propio partido, encabezado por Segismundo Moret y apoyado por el diputado Niceto Alcalá Zamora, se opuso al proyecto.
Para conseguir el respaldo de la mayoría de los diputados liberales, Canalejas tuvo que pronunciar uno de sus mejores discursos parlamentarios, a pesar de lo cual diecinueve de sus diputados, incluido Moret, votaron en contra. El proyecto fue aprobado el 5 de junio de 1912 por la Cámara baja. No obstante, cuando Canalejas fue asesinado, todavía no había sido ratificado por el Senado. Finalmente, la ley entró en vigor en diciembre de 1913,3 y la Mancomunidad de Catalunya se constituyó a principios de 1914.
Para apoyar la petición presentada por los diputados provinciales y los parlamentarios catalanes de que se constituyera la Mancomunitat, las cuatro diputaciones catalanas organizaron en 1913 un plebiscito de todos los ayuntamientos catalanes a favor del proyecto, que estuvo acompañado de una gran manifestación celebrada en Barcelona el 23 de octubre del mismo año.
Fue el político conservador Eduardo Dato quien promulgó el Real Decreto por el cual se autorizaba la unión de las diputaciones con fines puramente administrativos. El 18 de diciembre de 1913 el rey firmó el Decreto de Mancomunidades Provinciales. A pesar de que la ley era aplicable a todas las provincias españolas, solo las cuatro catalanas llegaron a ver aprobada la Mancomunitat de Catalunya. Hubo otras propuestas, como el proyecto de Mancomunidad Valenciana, que no pasó de esta fase. Y también hubo numerosas reacciones por parte de entidades públicas españolas contra esta singularidad catalana como, por ejemplo, el texto elaborado por la Asamblea de las Diputaciones castellano-leonesas de 24 de enero de 1919.

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