En
1609 Felipe II inició la expulsión de los moriscos de la península, que
eran unos 7.000 en Catalunya y más de 130.000 en el Reino de Valencia. En
ese momento se comentó que los moriscos pedirían la protección de la
Generalitat, pero los asesores de esta informaron que la orden no
entraba en contradicción con las Constituciones Catalanas. Bajo
el mando de Ramón d'Oms, la galera del general tuvo que dirigirse a
los Alfaques (Tarragona) para proceder a la masiva expulsión junto con las galeras
reales. La
promulgación de esta orden no gustó nada a los diputados de la
Generalitat, ya que se había hecho sin consultar las diputaciones de la Corona de Aragón y sin convocar cortes. De hecho se opusieron a la idea del Rey Felipe II de tratar el asunto en un
simple parlamento, pero finalmente no hubo ni lo uno ni lo otro.En
aquellos años de crisis la Diputacio ni siquiera encontraba nadie a
quien arrendar el cobro de sus impuestos, los derechos del General y de
las bolas, hasta el punto que reunieron varios doctores en teología para
que concluyeran que los derechos del General (entre ellos el de galeras) eran moralmente justos y que por lo tanto
todos los eclesiásticos también estaban obligados a pagarlos, tanto
regulares como seculares.A estas dificultades se añadió la inestabilidad monetaria, cuestión
que la ciudad de Barcelona quería solucionar en febrero de 1610 con la
edición de nueva moneda, pero que no era aceptada por la Generalitat,
quien aducía problemas jurídicos.También durante el trienio de Onofre d'Alentorn hubo las típicas tensiones con el poder real en Catalunya. Cuando
el virrey Pignatelli y el consejo real quisieran limitar legalmente el
uso del pedernal el 28 de mayo de 1610 los asesores de la Diputacio así
como otros abogados coincidieron que la medida era ilegal, y así lo
comunicaron al virrey que respondió que la revisaría y si era cierto resolvería el asunto. También levantaron polvareda las órdenes del Real Consejo Criminal para derribar puertas y ventanas y prohibir su restauración. Por
aquel asunto acudieron a la Diputación el brazo militar, el Consell de
Cent, el capítulo de la catedral de Barcelona y muchos particulares. Otra vez abogados, fiscales y doctores varios concluyeron que la medida era inconstitucional; y otra vez el virrey respondió que lo analizaría.
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